Se trata de secuelas que impiden que trabajen en toda profesión u oficio y, como norma general, no permitan el acceso al mercado laboral. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha matizado este aspecto, señalando que la incapacidad permanente en grado de absoluta y en grado de gran invalidez son compatibles con actividades remuneradas adaptadas a las limitaciones concretas del pensionista (como por ejemplo los trabajos en la ONCE ) con el fin de que esta situación no colisione con el derecho al trabajo previsto en la Constitución Española.